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Desde que el gobierno federal anunció, a principios de mayo, nuevas medidas de ahorro que se unen al Dictamen de la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado, aprobado por la Cámara de Diputados y que incluyen la desaparición de oficinas, recorte de gastos operativos y número de asesores, entre otras acciones, la comunidad médica y las instancias de salud pública en general, en un hecho sin precedentes, comenzaron a manifestarse sobre las consecuencias.

Esta toma de decisiones impactó en el sector salud de manera directa, pues el memorándum emitido por el presidente dispuso que las 300 instituciones de la Administración Pública Federal debían acatar el reglamento, además de congelar una parte de los montos ya otorgados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, incluyendo los institutos de salud.

"Se reducirá 30% el monto aprobado para 2019 en materiales, combustibles, viáticos y pasajes aéreos nacionales, así como en estudios e investigaciones", se lee en el memorándum.

Esto se traduce en la cancelación de recetas, traslados, servicios administrativos e investigaciones científicas.